EN SÍNTESIS
- El desprecio por la ley como estilo de poder
Desde su ascenso al poder, Donald Trump ha mostrado un patrón consistente de desdén hacia la legalidad y la independencia judicial. Ha insultado a jueces que fallaron en su contra, calificándolos de “radicales de izquierda” y cuestionando su legitimidad. Este comportamiento sugiere una tendencia autoritaria que busca socavar los contrapesos del sistema democrático.
- Deportaciones sin alma ni juicio
Casos como el de Kilmar Armando Abrego García, un residente de Maryland con estatus legal protegido, deportado erróneamente a El Salvador, evidencian una política migratoria que no distingue entre criminales y personas con estatus legal. A pesar de una orden judicial para su retorno, la administración Trump se resistió a corregir el error, poniendo en riesgo su seguridad y bienestar.
Además, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, señaló que el presidente “no es un rey” y no puede deportar personas sin el debido proceso ni invocar poderes de guerra en tiempos de paz sin rendir cuentas.
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- Jueces con toga y bandera partidista
La independencia judicial en Estados Unidos se ve amenazada cuando los jueces son objeto de ataques personales por parte del ejecutivo. Trump ha calificado a jueces de “lunáticos” y ha cuestionado su imparcialidad, lo que genera preocupaciones sobre la influencia de la lealtad partidista en decisiones judiciales críticas.
- Preocupación entre asociaciones legales y de jueces con las políticas de Trump
Diversas asociaciones de juristas, académicos constitucionalistas y jueces retirados han expresado su preocupación respecto a las políticas de deportación de la administración Trump y su impacto en el debido proceso.
El juez federal retirado J. Michael Luttig, de orientación conservadora, advirtió que la negativa de la administración Trump a acatar órdenes judiciales relacionadas con las deportaciones podría desencadenar una crisis constitucional. Luttig afirmó que esta actitud representa una “declaración de guerra” contra el Estado de derecho en Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también ha manifestado su inquietud. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en litigios contra las deportaciones, enfatizó que la reciente decisión de la Corte Suprema subraya que los individuos deben recibir el debido proceso para impugnar su expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
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- El precedente que abre las puertas al abuso futuro
La invocación de la Alien Enemies Act de 1798 para justificar deportaciones sin el debido proceso sienta un peligroso precedente. Aunque históricamente utilizada en tiempos de guerra declarada, su aplicación en tiempos de paz para deportar supuestos miembros de pandillas venezolanas es inédita y ha sido criticada por expertos legales como un abuso de poder. Esto podría allanar el camino para que futuros líderes utilicen poderes de guerra para reprimir a opositores políticos o grupos minoritarios.
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- Latinos decepcionados: entre la esperanza y la traición
Muchos latinos en Florida, incluyendo venezolanos y cubanos, inicialmente apoyaron las políticas de Trump con la esperanza de una postura firme contra regímenes autoritarios en sus países de origen. Sin embargo, la reciente intensificación de las deportaciones ha generado sentimientos de traición y desilusión en estas comunidades.
Según una encuesta de Reuters/Ipsos del 2 de abril de 2025, la aprobación de Trump ha caído al 43%, la más baja desde su regreso al cargo, con una desaprobación del 54%. Esta tendencia sugiere una creciente insatisfacción que podría estar vinculada a políticas como las deportaciones masivas, afectando la percepción de su liderazgo entre comunidades que inicialmente lo apoyaron.
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- El principio constitucional bajo ataque: el debido proceso due process
La Constitución de Estados Unidos garantiza el debido proceso a todas las personas, no solo a los ciudadanos. La reciente decisión de la Corte Suprema permite las deportaciones bajo la Alien Enemies Act, pero subraya que los individuos afectados deben tener la oportunidad de impugnar su expulsión en los tribunales. Sin embargo, la implementación de estas deportaciones sin audiencias adecuadas socava este principio fundamental y pone en entredicho la integridad del sistema judicial.
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- Cierre: Lo que está en juego no son solo vidas… es la democracia misma
Las acciones de la administración Trump en materia migratoria no solo afectan a los individuos deportados, sino que erosionan los pilares de la democracia estadounidense. La utilización de leyes arcaicas para justificar medidas draconianas, el ataque a la independencia judicial y la indiferencia hacia el debido proceso son señales alarmantes de una deriva autoritaria que amenaza las libertades civiles y los derechos fundamentales de todos.
