A una semana del terremoto La Guaira enfrenta al régimen por los rescates

Familias reclaman maquinaria y respuestas mientras militares controlan accesos y crece la presión por los desaparecidos tras los sismos

La búsqueda de desaparecidos en La Guaira avanza entre ruinas, controles militares y reclamos de familias que piden más maquinaria. Vecinos denuncian que el cerco impuesto por las autoridades dificulta el ingreso de ayuda y retrasa tareas urgentes bajo edificios colapsados.

Hasta el último balance atribuido a Jorge Rodríguez, los terremotos del 24 de junio dejaron 1.943 fallecidos y 10.571 heridos. La Guaira, estado costero cercano a Caracas, quedó entre las zonas más golpeadas por derrumbes, daños en infraestructura y familias sin vivienda.

Controles militares y reclamos vecinales

El enojo contra los militares crece porque muchos habitantes observan más presencia armada que equipos dedicados a remover escombros. En barrios como Playa Grande y Catia La Mar, sobrevivientes sostienen que necesitan excavadoras, rescatistas y corredores abiertos para buscar familiares.

Diosdado Cabello, ministro de Interior, anunció restricciones de tránsito hacia y desde La Guaira durante la emergencia sísmica. La medida fue presentada como un control operativo para ordenar accesos, evaluar riesgos y resguardar zonas afectadas tras saqueos y derrumbes.

Ese control explica parte del cerco, pero también concentra críticas porque limita movimientos de vecinos, voluntarios, maquinaria privada y periodistas. Para muchas familias, cada demora reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes y complica la identificación de cuerpos bajo los restos.

Ante la falta de respuesta inmediata, residentes de los sectores más afectados organizaron búsquedas por cuenta propia. Algunos bloquearon maquinaria pesada para llevarla hacia edificios donde, según denunciaban, todavía no habían comenzado las tareas de remoción.

Denuncias contra policías agravan la tensión

La desconfianza aumentó con la detención de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la policía judicial venezolana. Los agentes fueron acusados de apropiarse de dinero y objetos de valor encontrados entre edificios derrumbados en La Guaira.

El director del organismo, Douglas Rico, afirmó: "Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros".

Videos difundidos en redes sociales mostraron a ciudadanos increpando a un agente por dólares en efectivo hallados durante la emergencia. El episodio reforzó el malestar de vecinos que ya acusaban a fuerzas de seguridad de vigilar antes que ayudar.

La tensión ocurre mientras equipos venezolanos y brigadas extranjeras trabajan contra reloj en zonas con edificios colapsados. Autoridades reportaron 6.461 personas rescatadas con vida, aunque el paso de los días redujo las posibilidades de nuevos hallazgos.

El cerco en La Guaira combina razones de seguridad, control territorial y restricciones operativas sobre una zona devastada. Para las familias, esas medidas se convirtieron en obstáculos concretos mientras siguen buscando desaparecidos entre escombros, cuerpos sin identificar y denuncias contra funcionarios.